El Acceso a la Justicia de las Mujeres Centroamericanas
La violencia de género que sufren las mujeres dentro de las desigualdades y humillaciones sociales, económicas y culturales que impiden que nuestra sociedad avance en el tema de la igualdad de género, encontramos como uno de los muchos obstáculos, el acceso a la justicia de las mujeres en todos los ámbitos, especialmente en el acceso de las víctimas de violencia sexual.
La Comisión de Género de La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua llevó a cabo un estudio de derecho comparado sobre la legislación centroamericana en materia de personalización de la violencia contra la mujer y sobre los juzgados especializados en violencia.
En éste estudio, se probó la existencia de patrones comunes a todos los países de la región centroamericana en lo relativo a la administración de la justicia y al acceso de las mujeres a la misma.
La administración de la justicia se encuentra impregnada por el sistema patriarcal, con esquemas educativos y culturales en el cual se ven reflejados en patrones androcéntricos que violentan una correcta aplicación e interpretación de la administración de justicia, es por ello que es percibida por la sociedad, no como un servicio, sino como una estructura del Estado.
No existe en el gremio de los servidores públicos una cultura de servicio en la administración de la justicia, muchos no tienen la debida educación y sensibilización en el tema para brindar un servicio de acompañamiento y protección a la víctima, esto nos lleva a la pregunta ¿Nuestros administradores de justicia tienen el conocimiento, la vocación y la capacidad para que todas estas leyes que se han creado en la región tengan carácter coercitivo?
Sin ánimo de generalizar, aún existe desconocimiento por parte de algunos de las y los servidores públicos, respecto a una cultura de derechos humanos con perspectiva de igualdad de género y que se acepte con naturalidad el reconocimiento al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres.
Al momento de aplicar justicia, se ignora que es posible acceder a todos los derechos que la Constitución, los instrumentos internacionales y demás leyes nacionales, que reconocen a favor de las mujeres, para que sin discriminación alguna por el simple hecho de ser mujer, por padecer una condición económica desfavorable, por pertenecer a una etnia o no saber el español puedan presentar una demanda y no se les restrinjan estos derechos, destacándose en este sentido el acceso a la justicia.
La discriminación y las dificultades para acceder a la justicia afectan en forma más acentuada a las mujeres indígenas y afro-descendientes, debido a que ambos grupos están particularmente expuestos al menoscabo de sus derechos por causa del racismo.
Otro patrón común se encuentra en que todos los países de la región, es la gratuidad del acceso a la justicia que tiende a confundirse, se tiene la percepción de que, para interponer una demanda, las mujeres requieren los servicios de un profesional en derecho cuyos honorarios son impagables, sin embargo se pudo comprobar que en casi todos los países existen servicios muy limitados de consultorías jurídicas gratuitas, también al acudir a los tribunales de justicias, se incurre en gasto de transporte y permisos laborales que les impide seguir con el proceso que suelen ser lentos.
En todos los países de la región, los servicios de información y orientación a las mujeres no son muy alentadores. El estudio constató que los servicios gratuitos de telefonía con personal capacitado son escasos y la calidad de los mismos no siempre es óptima. Los poderes judiciales cuentan con páginas web, pero estas, al igual que los servicios de telefonía, no están concebidas para responder a las preguntas o dudas concretas de las usuarias. Existen guías impresas para las mujeres, pero las mismas son insuficientes.
Las condiciones de acceso de las mujeres a la justicia en los países de la región centroamericana no son ajeno de las que predominan al nivel del continente americano. El informe publicado por la CIDHOEA bajo el título “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas” identifica cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia de manera más específica:
Primeramente que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia. Esta situación genera en las víctimas un sentimiento de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de la justicia.
Como segundo punto, existen patrones socioculturales discriminatorios de las mujeres que influyen en la actuación de los funcionarios, quienes consideran los casos de violencia como no prioritarios y descalifican a las víctimas, no efectúan pruebas que resultan claves para el esclarecimiento de los responsables, creen de poca credibilidad a las aseveraciones de las víctimas y brindan un tratamiento inadecuado a éstas y a sus familiares cuando intentan colaborar en la investigación de los hechos.
Entre las dificultades que enfrentan las mujeres para poder acceder a la justicia destacan, entre otras, la ausencia de instancias de la administración de la justicia en las zonas rurales, pobres y marginadas, así como la falta de abogados de oficio para las mujeres que carecen de recursos económicos.
Los mayores obstáculos que impiden la interposición de denuncias de actos de violencia figuran, entre otros, la revictimización que sufren las víctimas al intentar denunciar los hechos cometidos; y la falta de protección y garantías judiciales para proteger la dignidad y la seguridad de las mujeres y de las y los testigos.
Son relativamente muy pocas las reglamentaciones, los procedimientos claros y los programas de capacitación orientados a fomentar la adecuada interpretación y aplicación de las leyes en el procesamiento de casos de violencia contra las mujeres por parte de las y los funcionarios públicos.
Sin embargo, no todo es malo, con el paso de los años se avanza a nivel regional en la perspectiva de género en la administración de justicia. En Costa Rica, El Salvador y Panamá, poseen respectivamente, una política de género para el acceso a la justicia que incorpora el tema de la gestión humana con una perspectiva de género.
Los Poderes Judiciales han creado unidades de género o acceso a la justicia en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Estas instancias son las responsables de regir la implementación de la política o promover los cambios necesarios para establecer una justicia con perspectiva de género.
Los Ministerios Públicos de la región han creado fiscalías especializadas que conocen de los temas relacionados con la violencia sexual, doméstica o de género, tales instancias cuentan con personal capacitado para la atención de este tipo de delitos.
A nivel regional, los Poderes Judiciales están realizando esfuerzos encomiables para garantizar no sólo el acceso a la justicia, sino la atención integral a las víctimas de violencia sexual.
La Corte Centroamericana de Justicia CCJ impulsó la participación de instancias de justicia de la región y en el II Encuentro Regional de Integradas con Seguridad, en el que se aprobó la Declaración de Tegucigalpa del 20 de Octubre de 2011, se incluyen las Reglas Regionales de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género con Énfasis en Violencia Sexual.
En este sentido, estas reglas tienen como beneficiarias directas a las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, especialmente la violencia sexual; y que en razón de su condición de niñas, indígenas, afro descendientes, mujeres con discapacidad y migrantes requiere de una atención integral que mitigue la doble discriminación que sufren durante el proceso judicial y en la procuración de justicia.
Por lo que parte del grupo destinatario de éstas reglas son Los Jueces Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores, Médicos Forenses, y demás servidores que laboren en el Sistema de la Administración de Justicia de conformidad a legislación interna de cada país.
Las presentes reglas recogen las buenas prácticas en atención integral a las mujeres víctimas de violencia sexual aplicadas en los Poderes Judiciales de la Región; de ahí que la finalidad de estas reglas es establecer estándares mínimos y máximos para la atención integral a las mujeres víctimas de violencia sexual; por lo que contienen reglas de gran aporte y avance a la atención digna y acceso a la justicia en Centroamérica.
También la existencia de una propuesta de Protocolo Adicional al Tratado de Integración Social Centroamericana en conjunto con lo relativo a la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres, las poblaciones que sufren discriminación concomitante y el resarcimiento de sus derechos, donde se expresa, que los Estados partes se comprometen Implementar y armonizar las políticas públicas nacionales de acceso a la justicia, y de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres.
Las probabilidades
que las niñas sufran violencia sexual en razón de género dentro del ámbito
familiar es más alto, éstas violaciones en su mayoría no se reportan, dado que
involucran a los padres, padrastros, abuelos, hermanos y tíos como atacantes.
En las instituciones
el ocultar información, retrasar o negar asistencia médica, ofrecer salarios
desiguales a cambio del mismo trabajo y obstruir la justicia, son algunas
formas de promover la violencia y la administración de justicia adecuada.
