La Prevención contra la
Violencia hacia la Mujer en la Agenda Pública, ¿Qué factor ralentiza los
avances logrados?
Después de una lucha constante de
años por hacer notar una problemática tan antigua y arraigada, como lo es la
violencia hacia mujer en los distintos ámbitos, finalmente ocupa un lugar en la
agenda pública.
El ordenamiento jurídico en el marco internacional, regional y nacional relativo a la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres es actualmente generoso. El Sistema de Integración centroamericana SICA está comprometido en el proceso de cambio en pro de la igualdad.
Se cuenta con legislaciones en
materia de igualdad, prevención y erradicación de la violencia en la mayoría de
los países de la región, en todo el marco normativo, los tratados
internacionales de derechos humanos (en particular la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) y otros
acuerdos, de alcance regional (como la Convención interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do
Pará)), son instrumentos jurídicamente vinculantes que establecen estándares
adecuados para el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida
sin violencia, así como mecanismos de monitoreo de los Estados signatarios.
En cuanto a la prevención los
principales objetivos se centran en:
- Implementar y armonizar las políticas públicas nacionales de acceso a la justicia.
- Facilitar procesos educativos formales y no formales que contribuyan a la construcción de una nueva cultura de mujeres y hombres que superen prejuicios y valores discriminatorios que legitiman o exacerban la violencia hacia las mujeres.
- Impulsar programas dirigidos a la población masculina que contribuyan a disminuir el riesgo social mediante la promoción de conductas no violentas.
- Fomentar una cultura de respeto, igualdad y dignidad en las relaciones familiares y en otros ámbitos de la sociedad.
- Promover estrategias de comunicación regional, nacional y locales para informar e incidir en la población, dando a conocer las complejas circunstancias que rodean a la violencia hacia las mujeres y realizar campañas de sensibilización masivas a nivel comunitario.
- Fomentar el estudio e investigación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos y diferentes manifestaciones y de la trata de personas en todas sus modalidades, los factores que generan la demanda de servicio de comercio y explotación sexual, así como los medios de captación y reclutamiento de las víctimas.
- Favorecer la articulación entre los Gobiernos Centrales y los Gobiernos Locales, organizaciones sociales y de mujeres a fin de fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
- Potenciar el desarrollo de programas integrales de prevención contra la violencia hacia la mujer.
- Fortalecer la capacidad estatal para formular, evaluar y actualizar las políticas de prevención de la violencia con enfoque de género.
- Fortalecer el proceso de investigación judicial con el enfoque de género, reduciendo la impunidad, los sesgos sexistas y la tolerancia del sistema y de la sociedad, hacia la violencia contra las mujeres.
El panorama de los países de la
región SICA ha cambiado muy positivamente ya que la mayoría cuenta con
legislaciones específicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así
también con leyes integrales para combatir la violencia contra la mujer y
mecanismo para el adelanto. Así mismo algunos países han realizado un proceso
de revisión de sus legislaciones sobre familia, códigos civiles, electorales,
laborales y penales.
Pero un factor que hace que todos
los avances obtenidos se ralenticen pues él es que la mayoría de los países del
SICA poseen presupuestos limitados con relación a sus mandatos y que estos
dependen de la voluntad política, de la solidez fiscal pero sobre todo del
compromiso del gobierno para invertir en la igualdad y promover políticas
públicas, ya que también la dependencia económica de la mujer hace que se retracte
en su denuncia, exponiéndola nuevamente al agresor.
La ley debe de ir acompañada de
un compromiso político que haga posible que las disposiciones de las mismas se
cumplan y la autonomía financiera y
orgánica de los mecanismos nacionales de las mujeres uno de los temas medulares
para el avance de la igualdad de género.
Costa Rica asigna 18.7 millones de dólares al INAMU y en segundo lugar está República Dominicana con 11.7 millones de dólares al Ministerio de la Mujer, al otro extremo los países que por gran diferencia a los primeros mencionados en asignación de presupuesto, son Honduras y Nicaragua.
Esta situación se refleja en las
dificultades para el funcionamiento institucional y para la puesta en marcha de
los Planes nacionales de Igualdad y los servicios de atención y restitución de
mujeres víctimas de violencia.
