miércoles, 23 de septiembre de 2015

La Prevención contra la Violencia hacia la Mujer en la Agenda Pública, ¿Qué factor ralentiza los avances logrados?

Después de una lucha constante de años por hacer notar una problemática tan antigua y arraigada, como lo es la violencia hacia mujer en los distintos ámbitos, finalmente ocupa un lugar en la agenda pública.

El ordenamiento jurídico en el marco internacional, regional y nacional relativo a la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres es actualmente generoso. El Sistema de Integración centroamericana SICA está comprometido en el proceso de cambio en pro de la igualdad.

Se cuenta con legislaciones en materia de igualdad, prevención y erradicación de la violencia en la mayoría de los países de la región, en todo el marco normativo, los tratados internacionales de derechos humanos (en particular la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) y otros acuerdos, de alcance regional (como la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará)), son instrumentos jurídicamente vinculantes que establecen estándares adecuados para el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, así como mecanismos de monitoreo de los Estados signatarios.

En cuanto a la prevención los principales objetivos se centran en:
  • Implementar y armonizar las políticas públicas nacionales de acceso a la justicia.
  • Facilitar  procesos  educativos  formales  y  no  formales  que  contribuyan  a  la construcción de una nueva cultura de mujeres y hombres que superen prejuicios y valores discriminatorios que legitiman o exacerban la violencia hacia las mujeres.
  • Impulsar programas dirigidos a la población masculina que contribuyan a disminuir el riesgo social mediante la promoción de conductas no violentas.
  • Fomentar una cultura de respeto, igualdad y dignidad en las relaciones familiares y en otros ámbitos de la sociedad.
  • Promover estrategias de comunicación regional, nacional y locales para informar e incidir en la población, dando a conocer las complejas circunstancias que rodean a la violencia hacia las mujeres y realizar campañas de sensibilización masivas a nivel comunitario.
  • Fomentar el estudio e investigación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos y diferentes manifestaciones y de la trata de personas en todas sus modalidades, los factores que generan la demanda de servicio de comercio y explotación sexual, a como los medios de captación y reclutamiento de las víctimas.
  • Favorecer la articulación entre los Gobiernos Centrales y los Gobiernos Locales, organizaciones sociales y de mujeres a fin de fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
  • Potenciar el desarrollo de programas integrales de prevención contra la violencia hacia la mujer.
  • Fortalecer la capacidad estatal para formular, evaluar y actualizar las políticas de prevención de la violencia con enfoque de género.
  • Fortalecer el proceso de investigación judicial con el enfoque de género, reduciendo la impunidad, los sesgos sexistas y la tolerancia del sistema y de la sociedad, hacia la violencia contra las mujeres.
El panorama de los países de la región SICA ha cambiado muy positivamente ya que la mayoría cuenta con legislaciones específicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así también con leyes integrales para combatir la violencia contra la mujer y mecanismo para el adelanto. Así mismo algunos países han realizado un proceso de revisión de sus legislaciones sobre familia, códigos civiles, electorales, laborales y penales.

Pero un factor que hace que todos los avances obtenidos se ralenticen pues él es que la mayoría de los países del SICA poseen presupuestos limitados con relación a sus mandatos y que estos dependen de la voluntad política, de la solidez fiscal pero sobre todo del compromiso del gobierno para invertir en la igualdad y promover políticas públicas, ya que también la dependencia económica de la mujer hace que se retracte en su denuncia, exponiéndola nuevamente al agresor.

La ley debe de ir acompañada de un compromiso político que haga posible que las disposiciones de las mismas se cumplan y la autonomía financiera y orgánica de los mecanismos nacionales de las mujeres uno de los temas medulares para el avance de la igualdad de género.

Costa Rica asigna 18.7 millones de dólares al INAMU y en segundo lugar está República Dominicana con 11.7 millones de dólares al Ministerio de la Mujer, al otro extremo los países que por gran diferencia a los primeros mencionados en asignación de presupuesto, son Honduras y Nicaragua.

Esta situación se refleja en las dificultades para el funcionamiento institucional y para la puesta en marcha de los Planes nacionales de Igualdad y los servicios de atención y restitución de mujeres víctimas de violencia.




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